Un informe de la Defensoría de Córdoba describe demoras de hasta catorce meses para acceder a terapias y prótesis en la provincia
El relevamiento, presentado el 5 de octubre de 2026, documenta obstáculos para obtener el Certificado Único de Discapacidad, recibir prestaciones y sostener los tratamientos. También advierte sobre el peso económico que recae sobre las familias y sobre los prestadores.
En la provincia de Córdoba, conseguir un turno para certificar una discapacidad, iniciar una rehabilitación u obtener una prótesis puede significar meses de espera, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Córdoba el 5 de octubre de 2026. El trabajo fue elaborado a partir de entrevistas y grupos focales, por lo que recoge experiencias concretas y no constituye una medición estadística extrapolable a la totalidad de los casos.
Marisol Olguín, de la sección Campo y producción, repasa los puntos principales del documento y los datos que lo respaldan.
Cómo se accede al Certificado Único de Discapacidad
Cómo se accede al Certificado Único de Discapacidad
El relevamiento describe que la Ciudad de Córdoba dispone de juntas evaluadoras en siete hospitales. Dos de esos establecimientos son pediátricos y las citas se otorgan con esperas de entre dos y tres meses, de acuerdo con la información que la Defensoría sistematizó. El documento también menciona obstáculos para conseguir consultas con especialistas, un paso necesario para completar la certificación.
Los plazos según cada prestación
Los plazos según cada prestación
Los tiempos cambian según la prestación que se necesite. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo, señaló demoras de entre cuatro y nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos. Para el ingreso a centros de rehabilitación, indicó esperas de entre nueve y catorce meses. El informe aclara que esos períodos surgen de los testimonios recogidos y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular.
El peso sobre las familias y sobre los prestadores
El peso sobre las familias y sobre los prestadores
Mientras esperan respuestas del sistema, algunas familias pagan por su cuenta terapias, transporte y apoyos escolares. Una madre entrevistada en el relevamiento dijo haber desembolsado entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones, tras haber sostenido atención particular durante alrededor de dos años. El documento también registra una sobrecarga de los cuidados sobre las mujeres, con testimonios de madres que redujeron su jornada laboral y sus ingresos.
Las dificultades alcanzan, además, a quienes brindan las prestaciones. El estudio recoge atrasos de varios meses y hasta un año en pagos de obras sociales y programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional de discapacidad aumentaron un promedio del 225%, frente a una inflación acumulada del 336% en igual período, según las cifras que consigna el informe.
El transporte aparece como otro foco de desajuste. En ese mismo intervalo, la nafta súper registró un aumento del 559%, mientras que el valor reconocido por kilómetro se incrementó un 231%. El informe vincula esa diferencia con las dificultades para sostener los servicios y describe instituciones que redujeron gastos de funcionamiento.
Qué se discute hacia adelante
Qué se discute hacia adelante
El documento de la Defensoría de Córdoba no presenta propuestas cerradas, pero vuelve a poner en agenda la relación entre los valores que paga el sistema y los costos que afrontan prestadores y familias. En un contexto donde los plazos de atención y los precios relativos se mueven a ritmos distintos, el informe funciona como una línea de base para discutir cómo se decide esta semana, en cada caso concreto, la continuidad de los tratamientos.
