La herencia de la región: bajar la inflación a un dígito demandó hasta una década en los países más pacientes

La inflación mensual en la Argentina se ubicó en 2,1% durante julio de 2026, según los registros oficiales, y marcó una caída pronunciada respecto de los picos cercanos al 25% mensual que se habían observado hacia fines de 2023. No obstante, la variación acumulada en doce meses continúa por encima del 30%, un umbral que las proyecciones de la mayoría de las consultoras privadas no logran perforar para el cierre del año en curso.

El sendero recorrido no fue lineal. Desde mayo de 2025, cuando el indicador mensual se había ubicado en 1,5%, los precios retomaron impulso y llegaron a 3,4% en marzo de 2026. En los meses siguientes la tendencia volvió a moderarse, aunque julio trajo un repunte asociado al rubro Esparcimiento y Recreación, que suele presentar un comportamiento estacional durante el invierno.

La experiencia regional y los plazos observados

La comparación con lo ocurrido en otros países de América Latina permite dimensionar el tiempo que demanda consolidar una inflación de un solo dígito una vez que el indicador anual se acerca al 30%. De acuerdo con un análisis del jefe de Research de IEB, Ignacio Sniechowski, los casos se reparten de la siguiente manera:

• Brasil y Ecuador: aproximadamente dos años, aunque bajo condiciones muy específicas, como el Plan Real de 1994 en el caso brasileño, que incluyó una nueva moneda y un ancla cambiaria, y la dolarización implementada en Ecuador en el año 2000.
• México, Perú y Uruguay: alrededor de cuatro años para pasar de una inflación anual superior al 30% a menos del 10%.
• Guatemala: cerca de seis años.
• Paraguay y Colombia: aproximadamente nueve años.
• Chile, El Salvador y Honduras: cerca de diez años.

“Los procesos de desinflación no son lineales, y el tramo final suele ser el más difícil. Salvo Ecuador y Brasil, al resto de la región le llevó entre 4 y 10 años bajar la inflación desde niveles cercanos al 30% hasta un dígito de forma sostenida.”Ignacio Sniechowski, jefe de Research de IEB

La explicación técnica detrás de esa demora fue desarrollada por Federico Filippini, jefe de Research de Adcap Grupo Financiero, quien describió dos etapas bien diferenciadas en todo proceso de baja inflacionaria. La primera suele ser más veloz porque allí se revierten grandes shocks de precios relativos, se estabiliza la energía, se modera la inflación de bienes y se normalizan las cadenas de suministro. La segunda, en cambio, es estructuralmente más lenta porque el foco se traslada hacia los componentes más persistentes del índice: alquileres, servicios médicos, seguros, transporte y salarios. Estas categorías ajustan con rezago porque dependen de contratos plurianuales, costos laborales rígidos y expectativas de inflación que tardan en anclarse.

En términos comparativos, la Argentina forma parte del grupo de países que, como Paraguay, Colombia, Chile, El Salvador y Honduras, enfrenta plazos prolongados para consolidar un dígito anual, siempre que no apele a esquemas cambiarios o monetarios de excepción como los aplicados por Brasil o Ecuador. El contraste con la media regional resulta elocuente: mientras que la mayoría de los países que lograron pasar la barrera del 30% al 9,9% requirieron entre seis y diez años, los casos más acelerados dependieron de reformas estructurales que redefinieron el patrón monetario.

Para los hogares argentinos, la lectura económica de fondo es que la desaceleración mensual observada no se traducirá de manera automática en una inflación anual de un dígito en el corto plazo. Los rubros con mayor inercia, entre ellos alquileres, servicios regulados y salarios formales, tienden a mantener elevadas las tasas anuales durante un período prolongado aun cuando los aumentos mensuales pierdan fuerza. En este sentido, la pregunta que deja abierta el análisis regional apunta a quién absorberá el costo de esa transición: si los sectores asalariados mediante la persistencia de subas reales por debajo de la inflación, las empresas vía márgenes comprimidos, o el Estado a través de subsidios y actualizaciones tarifarias segmentadas.