Las internaciones por salud mental treparon 42% en tres años y las provincias alertan por la capacidad del sistema público
Un relevamiento de la Universidad Nacional de Lanús, con datos de 14 jurisdicciones que concentran más del 70% de la población, fue presentado en el Senado en medio del debate por la reforma de la Ley de Salud Mental. Crecieron las consultas ambulatorias y la demanda de atención de niñas, niños y adolescentes.
A las 10.30, en el Palacio Legislativo, profesionales y autoridades sanitarias provinciales presentaron ante senadores un informe que cuantifica el aumento de la demanda de atención en salud mental en Argentina: las consultas ambulatorias se incrementaron 23% en el último año y las internaciones, 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% en los últimos doce meses, según la fiscalía académica que coordinó el relevamiento.
El trabajo fue elaborado por la Universidad Nacional de Lanús a partir de datos aportados por las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que en conjunto representan más del 70% de la población del país. También participaron del encuentro Entre Ríos y Río Negro.
Quiénes demandan más atención
El informe registra una mayor demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, y de personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y migraron al sistema público. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental, de acuerdo con los datos difundidos.
Capacidad del sistema y prioridades
- Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales.
- Trece de las 14 provincias ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para consumos problemáticos.
- Las autoridades provinciales advirtieron que esas capacidades están sobreexigidas y que existen dificultades para completar equipos con disciplinas críticas.
- Entre las prioridades figuraron aumentar la inversión, ampliar infraestructura y recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y producir información epidemiológica nacional de calidad, además de recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios.
El informe fue presentado en el Senado mientras el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon que la propuesta, según la fiscalía universitaria, elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos.
La causa se encuentra en etapa de tratamiento legislativo: el expediente sigue su curso en comisiones del Senado, donde se evaluará el dictamen con las observaciones elevadas por las jurisdicciones participantes del relevamiento.
