Habilitar un comercio en la Argentina: la diferencia entre municipios alcanza los 40 puntos según el ranking del IDESA

Obtener la habilitación para abrir un comercio puede resolverse en pocos pasos y mayormente de manera digital, o transformarse en un recorrido por múltiples oficinas con documentación en papel y plazos poco previsibles. Esa experiencia, según el Índice FÁCIL Productivo 2026 elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), varía de manera significativa de acuerdo con el municipio donde el emprendedor decida instalarse.

El estudio, difundido en las últimas horas, midió los procedimientos administrativos de habilitación comercial en 30 municipios argentinos y los ordenó de mayor a menor según las condiciones ofrecidas a quienes buscan iniciar un emprendimiento. La diferencia entre el primero y el último supera los 40 puntos: Tres de Febrero alcanza 60,90 puntos en tanto Pilar obtiene 20,93, de acuerdo con los datos publicados por el organismo.

Los extremos del ranking y el peso de la comparación interanual

Tres de Febrero lidera la tabla con 60,90 puntos, seguido por la ciudad de Córdoba (59,03), Santa Fe capital (53,97), Luján (53,86) y Río Cuarto (52,70), las cinco jurisdicciones que superan los 50 puntos. En el otro extremo se ubicaron Lanús, con 28,04; Quilmes, con 28,01; Avellaneda, con 25,86, y Pilar, en el último lugar, con 20,93. La brecha entre el distrito mejor posicionado y el peor es de 39,97 puntos, una distancia que el informe atribuye a diferencias marcadas en la digitalización de los trámites y en la disponibilidad de información para los solicitantes.

El intendente de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar, vinculó la posición del municipio con las medidas adoptadas para simplificar trámites, reducir la burocracia y hacer más accesible el inicio de un emprendimiento, según declaró a medios locales. La afirmación coincide con lo observado por el relevamiento: el partido del noroeste bonaerense, junto con la ciudad de Córdoba y la capital santafesina, dispone de plataformas digitales, guías de trámites, opciones de pago en línea y mecanismos de asistencia para los solicitantes. En los municipios mejor posicionados, algunos rubros permiten obtener la habilitación de manera instantánea por internet, aunque el trabajo advierte que la existencia de herramientas digitales no garantiza un proceso íntegramente a distancia, ya que varios distritos combinan instancias virtuales con pasos presenciales o validaciones físicas.

• 85 por ciento de los trámites relevados solicita documentación que el propio municipio ya posee o podría obtener mediante el intercambio de información con organismos provinciales o nacionales.
• 70 por ciento de las ciudades exige, en promedio, más de tres gestiones previas antes de completar la habilitación comercial.
• Los municipios mejor posicionados comparten la disponibilidad de plataformas digitales, guías de trámites y opciones de pago en línea.
• Los municipios peor posicionados concentran los menores niveles de transparencia, accesibilidad y digitalización del procedimiento.

El contexto nacional y la pregunta que deja abierta el informe

El relevamiento se inscribe en un debate más amplio sobre los costos administrativos que enfrenta la actividad productiva a nivel local. En comparación con años anteriores, los trabajos de IDESA sobre el tema venían señalando que la fragmentación normativa entre municipios constituía uno de los principales obstáculos para la apertura de empresas en el país, y la edición 2026 ratifica esa tendencia con datos actualizados. Frente a una media nacional que el propio informe ubica en un rango intermedio, los cinco distritos que encabezan el ranking se situaron por encima de ese promedio, en tanto los cuatro últimos quedaron claramente por debajo, lo que profundiza la asimetría entre jurisdicciones de una misma región metropolitana.

El informe difundido por IDESA y financiado por el BID no precisa el costo monetario total que enfrenta un emprendedor en cada municipio, pero sí describe un cuadro en el que la carga burocrática recae sobre el solicitante y se traduce en tiempos y exigencias documentales que varían de manera pronunciada de un partido a otro. En ese contexto, la pregunta que el estudio deja planteada apunta al reparto de esa carga: si la mayoría de los papeles solicitados podrían obtenerse dentro del propio Estado, quién termina asumiendo el costo económico y temporal de tramitarlos por cuenta propia.