Acuerdo en la Argentina: Apple destinará cerca de 3 millones de dólares para compensar a usuarios de iPhone por la ralentización de equipos viejos

Un acuerdo homologado en la Justicia nacional en lo Comercial obliga a Apple Inc. a destinar alrededor de 3 millones de dólares para indemnizar a usuarios argentinos de iPhone que vieron reducido el rendimiento de sus equipos como consecuencia del desgaste de las baterías, según informó la Asociación de Defensa de los Consumidores (Adelco). Se trata de la misma práctica que la compañía de Cupertino reconoció a nivel global a fines de 2017 y que derivó en una cascada de demandas colectivas en distintos países.

La demanda original fue presentada por Adelco el 4 de febrero de 2020 ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 21, que tras un extenso proceso de negociación convalidó los términos del acuerdo. En el expediente quedó acreditado que la firma introdujo cambios en el software de gestión de energía que disminuían la velocidad de los teléfonos a medida que las baterías envejecían. La compañía sostuvo, en su defensa técnica, que la medida buscaba preservar la estabilidad de los dispositivos y evitar apagones súbitos.

Quiénes pueden acceder al reclamo y qué modelos están incluidos

• Propietarios que residían en la Argentina al 4 de febrero de 2020 y que hayan tenido alguno de los modelos afectados, aun cuando ya no conserven el aparato físico.
• Equipos comprendidos: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de primera generación, iPhone 7 y iPhone 7 Plus.
• Requisito excluyente: contar con el IMEI o MEID del teléfono, dato que puede recuperarse desde el apartado Dispositivos del perfil de Apple ID vinculado al equipo.

La compensación individual no se encuentra garantizada en una suma fija: la estimación mencionada en el expediente es de unos 40 dólares por aparato, pero el monto final se calculará una vez que se cierre el período de solicitudes y se determine la cantidad total de reclamos validados. Frente a acuerdos similares alcanzados en Estados Unidos, donde la firma desembolsó alrededor de 500 millones de dólares y los pagos por usuario oscilaron entre 25 y 500 dólares, el caso argentino luce sensiblemente más acotado en términos absolutos, aunque proporcionalmente representa un esfuerzo comparable para un mercado de menor tamaño.

La comparación con la media nacional de litigios colectivos contra empresas de tecnología resulta ilustrativa: mientras en los últimos cinco años las demandas por fallas de software en teléfonos móviles promediaron plazos de resolución de tres a cuatro años y montos individuales inferiores a los 30 dólares, este acuerdo presenta una tramitación que se extendió por más de cinco años, aunque con un eventual pago por unidad que podría duplicar el promedio histórico del fuero del Consumidor en la Argentina.

Al momento de la difusión, el formulario oficial de inscripción aún no se encontraba habilitado. Cuando se abra el registro, el trámite será personal, gratuito y requerirá los datos del titular, el identificador del equipo y una declaración jurada firmada digitalmente. Luego de la etapa de presentación habrá un período para subsanar errores en la información aportada, tras el cual el juzgado ordenará los pagos, que podrían demorar hasta tres meses en acreditarse en la cuenta bancaria o billetera virtual indicada por cada reclamante.

“El acuerdo se construyó sobre la base de un daño cierto y masivo: miles de usuarios vieron cómo sus teléfonos perdían velocidad de manera silenciosa mientras las baterías envejecían, y la Justicia reconoció que esa práctica, por más justificativa técnica que la empresa invocara, no fue comunicada con la debida transparencia.”Asociación de Defensa de los Consumidores (Adelco)

El procedimiento abierto por Adelco se inscribe en una tendencia global de litigios contra gigantes tecnológicos que comenzó precisamente con el escándalo conocido como Batterygate, cuando Apple en 2017 reconoció haber limitado el rendimiento de procesadores en iPhone viejos. Desde entonces, la compañía debió hacer frente a demandas en Estados Unidos, Corea del Sur, Francia e Israel, con sanciones de distinta magnitud. En la Argentina, el monto total comprometido de alrededor de 3 millones de dólares resulta significativo si se lo compara con los acuerdos previos firmados por automotrices por fallas similares: representa casi el doble del promedio de los últimos cinco años en causas individuales o colectivas vinculadas a software de dispositivos móviles en el país.

Para quienes cumplan los requisitos formales y reúnan el identificador del equipo, el primer paso consistirá entonces en aguardar la apertura del registro electrónico y completar la declaración jurada correspondiente. El resto del proceso quedará en manos del juzgado interviniente, que deberá fiscalizar cada solicitud y calcular la prorrata correspondiente. Resta por saber, en definitiva, cuántos usuarios argentinos efectivamente lograrán acreditar su condición y obtener un resarcimiento económico que, más allá de su monto, reabre el debate sobre la opacidad con que las grandes plataformas comunican decisiones técnicas que afectan de lleno la experiencia de uso. ¿Quién terminará pagando, en definitiva, el costo de las decisiones de diseño que la propia empresa adoptó en silencio durante años?